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El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, muestra la “oposición frontal” ante posibles acuerdos comerciales de la Unión Europea con EEUU (TTIP) y Mercosur y afirma que harán “bandera de ello junto a otros colectivos sociales”. Así lo explica Blanco, en una entrevista con Efeagro, en referencia a sus prioridades tras ser elegido para un nuevo mandato de cuatro años al frente de COAG en la XIV Asamblea General de la organización, celebrada el 20 y 21 de mayo en Madrid. “Estos acuerdos son inaceptables y pelearemos a fondo contra ellos, porque, tal y como están planteados, acabarían con nuestro modelo social y profesional de agricultura y de alimentación sostenible”, asegura.

   A su juicio, el tratado transatlántico de comercio e inversiones (TTIP) con EEUU sería “la madre de todas las desregulaciones” y “un problema serio para la economía social agraria y la población en general”, incluidos agricultores, ganaderos y consumidores.

Competencia desleal que “se puede llevar por delante al sector agrario español”

    Recuerda que a los profesionales europeos se les exigen altos parámetros de calidad, pero en EEUU pueden utilizar productos prohibidos en la Unión Europea (UE) que les permiten ahorrar costes, y “esto es un fraude al consumidor y una competencia desleal de tal naturaleza que se llevaría al sector agrario español por delante”.

    En el caso del acuerdo con Mercosur -que integra a potencias agrícolas como Brasil o Argentina-, cree que tendría efectos negativos sobre sectores ganaderos, materias primas o frutas. “El 1 % de las propietarios en Brasil dispone del 50 % de la tierra, unos 175 millones de hectáreas, más que la UE, y nosotros no tendríamos nada que hacer para competir con esa dimensión de explotaciones enfocadas a la exportación de ‘commodities'”, destaca.

    En EEUU y otros países se utilizan hormonas potenciadoras de la producción de leche, anabolizantes o esteroides prohibidos aquí, y llegar a acuerdos con ellos supondría “cambiar los parámetros de seguridad alimentaria”, insiste.

    En esta nueva etapa de COAG, Blanco avanza que pedirán al nuevo Gobierno un “Estatuto de la Agricultura Social y Profesional” que apoye a las pequeñas y medianas explotaciones, pymes, autónomos y cooperativas, y fomente la incorporación de jóvenes y mujeres ante “el gravísimo problema” de relevo generacional y la despoblación del territorio.

Una reforma de la PAC en la que no se haga “una revisión de escaparate”

    De cara a las discusiones para diseñar la Política Agraria Común (PAC) post 2020, COAG quiere estar bien posicionada para que “no se haga una revisión de escaparate” y para conseguir reorientar las políticas hacia la profesionalización y la simplificación.

    Más allá del sistema de ayudas, que en su opinión “hay que reformar para que no sean tan indiscriminadas y discriminatorias”, la PAC debería impulsar “políticas de mercado y de preferencia comunitaria” basada en parámetros de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

    Pide que la ley de cadena alimentaria “coja velocidad de crucero” y cubra lagunas tras dos años en vigor: que se generalicen los contratos, que éstos no sean abusivos y contengan precios que cubran al menos los costes de producción.

    “Pelearemos para modificar algunas cosas que no hemos conseguido aún”, en el marco de esta legislación, como la prohibición de la venta a pérdidas y los productos reclamo y un régimen sancionador.

    COAG reclamará al futuro Ejecutivo un Observatorio de la Cadena de Insumos para revertir “la posición de dominio” y “oligopolios” que encarecen los costes de fertilizantes, electricidad o gasóleo, así como una adecuada política fiscal.

   Además, “hay que universalizar los seguros agrarios”, con más apoyos públicos que faciliten su contratación, apunta. Blanco precisa que demandarán inversión en investigación e innovación para que las explotaciones se adapten al cambio climático.

    El sector primario “es uno de los primeros en padecer sus inconvenientes” y, al tiempo, la agricultura es uno de los grandes “sumideros” de dióxido de carbono -junto a los bosques-, por lo que “debe reconocerse y recompensarse la contribución positiva del campo en la lucha contra el cambio climático”.

Una elecciones generales que deben servir para dar a la agricutura visibilidad

    A pocas semanas de las elecciones generales, considera que el nuevo escenario genera incertidumbres, pero también oportunidades” porque habrá más pluralidad política y Gobierno y Parlamento tendrán que atender las peticiones sociales.

    “Tenemos que aprovechar esta etapa para darle a la agricultura visibilidad, como base de la alimentación, y reivindicarlo como sector estratégico”, porque depender de importaciones y compras en mercados volátiles sería “suicida”, indica.

    De igual modo, expresa su preocupación por las demandas de recorte fiscal que la UE reclama al futuro Gobierno -unos 8.000 millones en dos años- porque sería “una hipoteca insoportable”.

    Y confía en que estas medidas no perjudiquen a sectores “de la economía real productiva” como la agricultura por sus implicaciones positivas en economía, empleo y la vertebración territorial.