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Los robos en fincas agropecuarias representan un tremendo quebradero de cabeza para muchos agricultores y ganaderos y, aunque desde la Guardia Civil se han puesto en marcha planes específicos de lucha contra esta lacra y se han creado los Equipos ROCA, el sector demanda más efectivos. La delincuencia en explotaciones agrarias y ganaderas ha bajado un 17 % en 2015; no son sólo datos estadísticos facilitados por el instituto armado, también es la opinión de una gran parte de los agricultores y ganaderos que se vieron afectados por la oleada de robos que dejó en jaque al sector en años precedentes. Sin embargo, sigue habiendo algunas áreas (zonas concretas de Murcia o de Extremadura, por citar algunas) donde las actividades delictivas en el campo han vuelto a repuntar -sobre todo en este inicio de 2016- y los agricultores se ven, de nuevo, desesperados por el robo de materia prima o de material de trabajo.
Piden el mantenimiento de los Equipos ROCA -creados en septiembre de 2013, como apoyo al Plan especial iniciado en 2011 por la Guardia Civil ante el incremento del robo en explotaciones agropecuarias-, con más dotación y personal en las zonas conflictivas, ya que es un hecho que, cuando logran disminuir la actividad delictiva y el personal es trasladado a otro punto, los robos vuelven a aumentar.
“Hemos asistido a un incremento de robos en Extremadura, incluso los que protegían las explotaciones han sufrido agresiones”, señala con pesar el presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, en referencia a sustracciones ocurridas hace apenas unos meses.
No entieden que no se aplique el nuevo Cádigo Penal de forma más clara
Los Equipos ROCA “cumplen una función fundamental en el campo”, asegura a Efeagro, pero “están escasamente dotados de personal” y no han podido atajar la intensa oleada de robos de aceitunas en el propio árbol sufrida en estos últimos meses.
Moreno insinúa otra de las demandas que también realiza el joven agricultor castellano-manchego Eusebio Becerra, de Asaja Ciudad Real: que se aplique el nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, que recoge sanciones más duras para los delincuentes de explotaciones agrarias y ganaderas.
Becerra, quien vivió con gran pesadumbre y casi impotencia los momentos más álgidos de sustracciones en la comarca manchega de Tomelloso -se organizaron patrullas nocturnas para tratar de frenar los hasta 25 robos en una misma semana-, afirma que “es muy frustrante que personas con hasta cien detenciones a cuestas queden libres. Tengan impunidad total”.
Por ello, pide a la judicatura firmeza en la aplicación del nuevo Código Penal y asegura que algunos agentes de la Guardia Civil han expresado su frustración, ya que los “detienen por la mañana y por la tarde quedan libres”.
“Ya que hay herramientas” -tras el endurecimiento del Código Penal para los delitos de hurtos, receptación y multirreincidencia-, “que las apliquen”, insiste tajante.
Desazón en el sector, más por los daños sufridos que por los propios robos
Entre lo robado, cualquier cosa que se transforme rápidamente en dinero: gasóleo de depósitos de mil litros de las explotaciones, cobre de instalaciones de riego, motores eléctricos o tractores (que se desguazan y venden por piezas o se intentan comercializar en terceros países), materia prima bien cotizada (aceituna, almendra, aceite…), etc.
En algunas comarcas la desilusión es un sentimiento que se vuelve a apoderar de muchos profesionales que, indignados e impotentes, no sólo ven cómo les roban el fruto de su trabajo, sino que tienen que comprobar los tremendos daños ocasionados cuando el hurto se centra en el robo de maquinaria o equipos de riego.
“Para 400 euros que les pueden llegar a dar en el mercado negro por el cable de cobre que se arranca de los pivots (de riego), el destrozo causado asciende a 4.000 euros”, relata el coordinador de la Alianza UPA-COAG de Castilla y León, Aurelio Pérez.
Pero como señala el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, si es una comunidad de regantes, el daño es mayor. Martínez advierte de que, por ejemplo, en “Campo de Cartagena los robos no han disminuido”.
Apunta que el agricultor no sólo tiene que afrontar las pérdidas por daños y destrozos, también corre el riesgo, si el acto delictivo se produce en pleno verano, de ver mermada considerablemente su cosecha o incluso llegar a perderla por no poder regar en tres o cuatro días, “hasta que arreglan” todo el equipo de riego.
Insisten en que falta personal dentro de los Grupos ROCA
Los Equipos ROCA fueron bienvenidos en el campo y el sector valora la labor de estas unidades que tienen como misión investigar los hechos delictivos relacionados con la producción agrícola y ganadera, tanto en explotaciones como en las instalaciones de almacenaje, distribución o elaboración de productos derivados. Sin embargo, insisten: es necesario mayor dotación de personal.
“La mayor presencia y visibilidad (de los cuerpos de seguridad) es clave” para mantener lejos de las explotaciones a los amigos de lo ajeno, explica Aurelio Pérez, quien indica, por ejemplo, que en la provincia de Salamanca han continuado los robos de colmenas.
Reconoce que ha habido una disminución interesante, en líneas generales, de las sustracciones, pero “aunque hemos llegado a una buena situación, no debemos relajarnos”.
100 Equipos ROCA que trabajan gracias a la colaboración del sector
En la actualidad, hay casi 100 Equipos Roca en todas las comunidades autónomas (excepto en Cataluña, País Vasco y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla); en el momento de su creación, hace algo más de dos años, en septiembre de 2013, fueron 55 unidades para cubrir las 15 provincias más afectadas. Guardia Civil constata que, desde su puesta en marcha hasta la actualidad, dichos equipos han gestionado 9.552 casos delictivos, han detenido 4.048 personas e imputado a 3.402 relacionados con los casos investigados.
La comunicación es fluida, desde el instituto armado destacan que sobre los ROCA “recae el peso de la cooperación y colaboración a nivel local con las organizaciones agrarias y ganaderas, personal de seguridad privada de las explotaciones e instalaciones y guardas particulares del campo.
Los agricultores y ganaderos también resaltan que el contacto es directo, personal y telefónico, con el fin de advertir de cualquier hecho sospechoso susceptible de ser investigado, pero reclaman más efectivos.
“Hay que visibilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en beneficio de un sector que tiene todo su patrimonio bajo el techo del cielo y es muy vulnerable”, concluye Pérez.