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Parece que es la historia de siempre, pero con el agravante de que este año la tramitación de la PAC se está complicando más de lo esperado. El pasado año fue más farragosa porque se trataba de una PAC nueva y se asumió como tal, pero la de 2016 se está embarrullando hasta límites inconcebibles. Hasta el punto de que el enfado de organizaciones y cooperativas alcanza que se ha llegado a denunciar “la inadmisible incompetencia de las Administraciones en la gestión de la PAC” o a amenazar con derivar todos los expedientes a la Junta para bloquear el proceso si no se aportan soluciones. Los retrasos en la aprobación de las normas, los eternos fallos informáticos, las discrepancias en las asignaciones de derechos y retrasos en la publicación de circulares informativas y normativas de aplicación y hasta el impago de las ayudas de 2015 bloquean un proceso que este mismo viernes se ha ampliado al 15 de mayo, pero que parece poco tiempo para solucionar todos los problemas.

   Buen reflejo de lo que está pasando es la advertencia hecha por la Unión de Uniones, que estima que a estas altura aún quedarían por tramitar en toda España del 40% al 50% de las solicitudes.

Retrasos, el SIGPAC, lentitud de las CCAA,..

   En este bajo nivel de tramitación han influido varios factores, algo que vienen denunciando también varias organizaciones agrarias desde hace semanas.  Una parte de los problemas han llegado con la aplicación de captura del Ministerio de Agricultura en aquellas regiones que lo usan. Un programa que tuvo un coste de implantación de 10 millones de euros y que cuesta anualmente más de 2,4 millones de euros en mantenimiento. Pese a ello, la aplicación no se puso realmente en marcha hasta mediados de marzo, aproximadamente un mes y medio más tarde de la apertura oficial del período de solicitud y, además, la base gráfica que obligatoriamente debe ser utilizada para las solicitudes de más de 200 hectáreas no se ha habilitado hasta mediados de abril “y aún corre con muchas deficiencias” , como apuntan desde la Unión.

   Asimismo, hasta el 30 de marzo no se ha conocido la asignación “casi definitiva” de derechos de pago, lo que ha dificultado que se formalizaran antes de esa fecha solicitudes aparejadas a cesiones de los mismos; las comunicaciones a los interesados del cálculo de sus asignaciones no se han empezado a realizar hasta abril, lo que ha impedido la detección temprana de posibles errores.

   Por otra parte, durante la mayor parte del período de tramitación se ha estado trabajando con un SIGPAC (Sistema de Información Geográfica) desactualizado y que no incorporaba la mayoría de las alegaciones y correcciones presentadas ya por los agricultores y ganaderos el pasado año, lo que no sólo obliga a volver a repetir el mismo trabajo, sino que ha provocado errores en la asignación de derechos.

   “Si a todo ello unimos el retraso por parte del Ministerio de Agricultura en publicar las circulares de coordinación que deben actualizar los criterios de aplicación de este año tras los cambios normativos aprobados y las tardías fechas con que, en general, han sacado las Comunidades Autónomas las normas y convocatorias de líneas de ayudas a superficies y ganadería ligadas a los Programas de Desarrollo Rural que se tramitan también a la solicitud unificada, tenemos servida por segundo año consecutivo una verdadera “calamidad administrativa”, señalan desde Unión de Uniones.

   La organización considera que la excusa que se esgrimió el pasado año por parte de las Administraciones del acoplamiento al nuevo sistema ya no es válida y ve inadmisible que los agricultores y ganaderos tengan que pagar nuevamente esta campaña el papel de las Administraciones, que dificultan y hacen las solicitudes mucho más complejas de lo que ya de por sí lo son.

Enfados repartidos por todas partes de la geografía

    Esta situación se está propagando por toda las geografía y prácticamente ninguna CCAA se está librando del enfado generalizado. Por ejemplo en Castilla y León, la Alianza ya ha pedido que se realice a la mayor brevedad las gestiones oportunas para conseguir la ampliación del plazo para la tramitación de la PAC 2016 al menos hasta el 31 de mayo, porque el día aprobado este viernes por el Ministerio no es suficiente.

   En el caso de esta Comunidad, a los problemas ya señalados, se le suma que miles de parcelas que actualmente están anegadas por el agua tras las continuas precipitaciones de los meses de marzo y abril, por lo que a día de hoy y durante varias semanas  muchos agricultores de la región aún no saben el cultivo que van a poder sembrar.

   En Andalucía, el enfado viene siendo mayúsculo desde hace semanas. ASAJA ha sido la más beligerante, pero ha sido Cooperativas la más clara, al calificar de “insostenible” la situación y amenazar con medidas de presión, como la derivación de agricultores y ganaderos a las oficinas comarcales y la Delegación Territorial y bloquear todo el proceso, si la Administración no ofrece soluciones.

   En Murcia, UPA denuncia el retraso en el pago de las ayudas solicitadas del 2015 está poniendo en serios problemas de liquidez, a los sectores de ovino, caprino y vacuno de cebo de la región y que repercute en que no se conoce cuál va a ser el importe a cobrar finalmente por los ganaderos, incluso si algunos tras realizar la solicitud no sea finalmente beneficiario de las mismas, lo que agrava más si cabe la incertidumbre para estas explotaciones y su tramitación.